Document LTM23,810,355

Jurisprudence

Date: 17/11/2021
Number filed: 11001-02-03-000-2021-02989-00
Number: AC5406-2021
Origin: Corte Suprema de Justicia
Type of Resolution: AUTO
Petition: SALA DE CASACIÓN CIVIL
Reporting Judge: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Country: Colombia



SUMMARY

CONSIDERACIONES:
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de la misma especialidad, pero de distinto distrito judicial -Cundinamarca y Bogotá-, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.

2. Para la determinación de la competencia debe precisarse que la selección del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se relacionan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.

3. Es así como el artículo 28 del Código General del Proceso dispone en el numeral 1º como criterio general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado». Y añade que, si «son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».
4. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:

4.1. En primer orden, el caso sub judice versa sobre un proceso de regulación de visitas para adulto mayor, por lo que es ostensible que el escrito genitor podía ser presentado, a prevención, en el domicilio de cualquiera de las contrapartes accionadas. Sin embargo, la demandante radicó su acción ante los jueces de su domicilio, la municipalidad de Soacha.

4.2. Ahora bien, la tarea de esclarecer los supuestos fácticos del referido criterio de asignación debe realizarse en principio con base en las manifestaciones que sobre el particular (el domicilio de cualquiera de los demandados) se hubieren consignado en el libelo introductor. Al respecto, esta Corte ha precisado que:

«(...) la información determinante de la asignación del trabajo judicial se halla principalmente en la demanda y no en sus anexos, de suerte que deberá estarse la autoridad judicial a las afirmaciones en ella contenidas, sin perjuicio de reconocer que si se presenta divergencia de criterios sobre ello, será a través de los medios ordinarios de defensa y de los mecanismos de saneamiento como deben las partes enfrentar esos asuntos» (CSJ AC 22 jul. 2013, rad. 2013-00922-00; reiterada en CSJ AC5334-2014, 5 sep. 2014, 2014-01275-00 y CSJ AC3771-2017, 14 jun., entre otras).

De tal forma, el sentenciador de Soacha eludió la competencia del asunto arguyendo que el domicilio de uno de los demandados era Bogotá; sin embargo, otra es la realidad evidenciada en el expediente, del cual se extrae que esa ciudad fue señalada como el lugar de notificaciones de uno de ellos y, de la misma forma, la municipalidad de Pacho para el otro accionado.

Esta Corporación ha insistido en la marcada diferencia entre uno y otro concepto. Y para ello ha recalcado que, «(…) el primero es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella (artículo 76 del Código Civil), en tanto que el otro es el sitio donde una persona puede ser ubicada para enterarla de los pronunciamientos que lo exijan» (CSJ AC1318-2021, 21 abr., rad. 2021-01036, reiterada en CSJ AC1774-2021, 12 may, rad. 2021-01468).

La anterior directriz, aplicada al caso particular, conlleva la invalidez del argumento utilizado por el fallador a quien le fue asignado inicialmente el asunto, ante la ausencia de certeza sobre el domicilio de los demandados.

Tampoco puede aplicarse lo dispuesto en materia de alimentos, régimen de visitas, custodia, etc., consagrado en el numeral 2° del artículo 28 del C.G.P., relativo a los procesos incoados por y contra los menores de edad. En cuanto, para esta Sala es reconocido el amparo especial dado por la Constitución a los adultos mayores, empero, sin vulnerar el principio de legalidad, transversal en todas las actuaciones judiciales. Sobre el particular, comentó

«Ahora bien, a pesar de que el impulsor afirmó que es «adulto mayor de 83 años», y la Constitución Nacional establece una protección especial para aquellos sujetos, dicha condición particular no tiene la virtud de modificar lo consignado en el estatuto procesal civil, en cuanto a los «factores de competencia» pues lo allí estipulado corresponde a mandatos de obligatorio cumplimiento que no permiten variación». (CSJ AC2581-2019)

5. Por ende, deviene que el juzgador de Soacha rehusó el conocimiento del expediente de manera prematura, al no contar con los elementos de juicio suficientes que permitieran esclarecer la situación. Así lo ha aseverado esta Corporación en casos similares, frente a los cuales se ha afirmado que

«(...) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo» (CSJ AC1943-2019, 28 may.).

Por su parte, en CSJ AC 17 mar. 1998, rad. 7041, citado en AC5991-2015 y AC216-2018, se dijo que:

«(…) si la ambigua redacción de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debió reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la corrección de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional».

6. Acorde con lo expuesto, y con relación a la manera precipitada en que actuó el operador con asiento en Soacha, se ordenará remitir las presentes diligencias al despacho de marras, a fin de que proceda conforme a lo indicado en esta providencia.

HEADING



AC5406-2021

Radicación n° 11001-02-03-000-2021-02989-00

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados de Familia de Soacha (Cundinamarca), Veintinueve de Familia de Bogotá y el Promiscuo de Familia de Pacho (Cundinamarca), atinente al conocimiento del proceso de regulación de visitas instaurado por Isabel Rojas Nieto contra Luz Stella y Serafín Rojas Nieto.

FACTS

ANTECEDENTES



1. En la demanda presentada ante el «Juzgado de familia Soacha», la parte actora reclamó de la jurisdicción regular un régimen de visitas y cuidado personal en favor de su progenitora, María del Carmen Nieto Morales, adulta mayor, con el fin de que «Cada uno de ellos, se hará responsable de su mamá, el día sábado y domingo o lunes festivo si corresponde, será recogida en el lugar de su habitación el sábado en horas de la mañana y será devuelta a este sitio el día domingo o lunes festivo si corresponde, en las primeras horas de la noche. (…) Todo lo anterior en coordinación con mi poderdante» 1, más sanciones económicas por el incumplimiento del mismo, entre otras petitorias.

Asimismo, se indicó que la competencia le concernía a dicha autoridad judicial «(…) de acuerdo a lo manifestado en el código general del proceso, particularmente al artículo 21 del mencionado normativo (…)» 2 .

2. El escrito inicial fue asignado al Juzgado de Familia de Soacha (Cundinamarca). Sin embargo, por auto del 31 de mayo de 2021, ordenó remitir por factor de competencia territorial la causa a los Juzgados de Familia de Bogotá, toda vez que

« …de la lectura de la demanda, se colige que la regulación de visitas que se pretende incoar en el presente asunto, es a favor de persona mayor de edad, y el domicilio de los demandados no se encuentra en el municipio de Soacha (Cundinamarca), la competencia le corresponde al juez del domicilio de cualquiera de los demandados, de conformidad a lo normado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, razón por la cual éste Despacho no puede asumir el conocimiento de las presentes diligencias, en razón al factor territorial.

En efecto, en cuanto al factor territorial, la regla general para determinar la competencia se encuentra establecida en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, que señala: “En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante . Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.” (Negrilla fuera de texto). Razón por la cual, al decirse por la parte actora que el domicilio de uno de los demandados corresponde a la ciudad de Bogotá D.C., es el Juez de dicha ciudad, en especialidad Familia, el competente para conocer del presente asunto » 3.

3. Cumplidas las diligencias pertinentes, el expediente fue entregado a la célula judicial Veintinueve de Familia de Bogotá, quien, mediante decisión del 30 de junio del año en curso declinó su conocimiento, sin plantear el conflicto de jurisdicción y ordenó remitir las diligencias a los Jueces de Familia de Pacho (Cundinamarca). Edificando sus razones a partir de las siguientes premisas:

« De la revisión practicada a las presentes diligencias, concretamente al acápite de notificaciones, se advierte que los demandados tienen su residencia/domicilio en el municipio de Pacho (Cundinamarca), por ende, en atención a lo estipulado en el numeral 1º del artículo 28, la autoridad competente para conocer el asunto es el Juez Promiscuo de Familia de dicha población. En consecuencia, el Despacho dispone el RECHAZO DE PLANO de la demanda y ordena su remisión al Juzgado Promiscuo de Familia de Pacho (Cundinamarca) - reparto» 4.

4. Posteriormente, por reparto, el proceso se asignó al despacho Promiscuo de Familia de Pacho, el cual, de la misma manera, objeta el conocimiento de la demanda. En consecuencia, promovió el conflicto que ocupa la atención de la Sala. Para ello, apuntaló que,

«Revisado el presente asunto, surge evidente que no le asistió razón al Juzgado veintinueve de Familia de Oralidad de Bogotá al rechazar el presente asunto por competencia en razón al domicilio de los demandados, pues dentro del plenario se tiene que, uno de ellos según lo manifestado en el escrito inagural, la señora Luz Stella Rojas Nieto se encuentra domiciliada y recibe sus notificaciones en la ciudad de Bogotá D.C. (calle 68 No. 68ª – 30 Barrio bellavista Bogotá), entonces éste Despacho Judicial no es competente para asumir el conocimiento de la demanda presentada, dado que habiéndolo recibido primero el Juzgado 29 de Familia de Oralidad de Bogotá, debió proceder a asumir su competencia y no rechazar su conocimiento.

En consecuencia, se hace indispensable que la autoridad competente entre a dirimir el presente conflicto de competencia, por lo tanto, de conformidad con lo normado por el Inciso.1 del Artículo 139 del C.G.P.» 5

5. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.

CONSIDERATIONS

CONSIDERACIONES

1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de la misma especialidad, pero de distinto distrito judicial -Cundinamarca y Bogotá-, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.

2. Para la determinación de la competencia debe precisarse que la selección del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se relacionan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.

3. Es así como el artículo 28 del Código General del Proceso dispone en el numeral 1º como criterio general que « [ e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado ». Y añade que, si «s on varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante» .

4. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:

4.1. En primer orden, el caso sub judice versa sobre un proceso de regulación de visitas para adulto mayor, por lo que es ostensible que el escrito genitor podía ser presentado, a prevención, en el domicilio de cualquiera de las contrapartes accionadas. Sin embargo, la demandante radicó su acción ante los jueces de su domicilio, la municipalidad de Soacha.

4.2. Ahora bien, la tarea de esclarecer los supuestos fácticos del referido criterio de asignación debe realizarse en principio con base en las manifestaciones que sobre el particular (el domicilio de cualquiera de los demandados) se hubieren consignado en el libelo introductor. Al respecto, esta Corte ha precisado que:

«(...) la información determinante de la asignación del trabajo judicial se halla principalmente en la demanda y no en sus anexos , de suerte que deberá estarse la autoridad judicial a las afirmaciones en ella contenidas, sin perjuicio de reconocer que si se presenta divergencia de criterios sobre ello, será a través de los medios ordinarios de defensa y de los mecanismos de saneamiento como deben las partes enfrentar esos asuntos» (CSJ AC 22 jul. 2013, rad. 2013-00922-00; reiterada en CSJ AC5334-2014, 5 sep. 2014, 2014-01275-00 y CSJ AC3771-2017, 14 jun., entre otras).

De tal forma, el sentenciador de Soacha eludió la competencia del asunto arguyendo que el domicilio de uno de los demandados era Bogotá; sin embargo, otra es la realidad evidenciada en el expediente, del cual se extrae que esa ciudad fue señalada como el lugar de notificaciones de uno de ellos y, de la misma forma, la municipalidad de Pacho para el otro accionado.

Esta Corporación ha insistido en la marcada diferencia entre uno y otro concepto. Y para ello ha recalcado que, «(…) el primero es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella (artículo 76 del Código Civil), en tanto que el otro es el sitio donde una persona puede ser ubicada para enterarla de los pronunciamientos que lo exijan» (CSJ AC1318-2021, 21 abr., rad. 2021-01036, reiterada en CSJ AC1774-2021, 12 may, rad. 2021-01468).

La anterior directriz, aplicada al caso particular, conlleva la invalidez del argumento utilizado por el fallador a quien le fue asignado inicialmente el asunto, ante la ausencia de certeza sobre el domicilio de los demandados.

Tampoco puede aplicarse lo dispuesto en materia de alimentos, régimen de visitas, custodia, etc., consagrado en el numeral 2° del artículo 28 del C.G.P., relativo a los procesos incoados por y contra los menores de edad. En cuanto, para esta Sala es reconocido el amparo especial dado por la Constitución a los adultos mayores, empero, sin vulnerar el principio de legalidad, transversal en todas las actuaciones judiciales. Sobre el particular, comentó

«Ahora bien, a pesar de que el impulsor afirmó que es «adulto mayor de 83 años», y la Constitución Nacional establece una protección especial para aquellos sujetos, dicha condición particular no tiene la virtud de modificar lo consignado en el estatuto procesal civil, en cuanto a los «factores de competencia» pues lo allí estipulado corresponde a mandatos de obligatorio cumplimiento que no permiten variación». (CSJ AC2581-2019)

5. Por ende, deviene que el juzgador de Soacha rehusó el conocimiento del expediente de manera prematura, al no contar con los elementos de juicio suficientes que permitieran esclarecer la situación. Así lo ha aseverado esta Corporación en casos similares, frente a los cuales se ha afirmado que

«(...) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo» (CSJ AC1943-2019, 28 may.).

Por su parte, en CSJ AC 17 mar. 1998, rad. 7041, citado en AC5991-2015 y AC216-2018, se dijo que:

«(…) si la ambigua redacción de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debió reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la corrección de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional».

6. Acorde con lo expuesto, y con relación a la manera precipitada en que actuó el operador con asiento en Soacha, se ordenará remitir las presentes diligencias al despacho de marras, a fin de que proceda conforme a lo indicado en esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

DECISION

RESUELVE

PRIMERO: Declarar que el conflicto de competencia planteado en este proceso es prematuro.

SEGUNDO: Ordenar que se devuelva el expediente al Juzgado de Familia de Soacha, Cundinamarca, para que proceda de conformidad con los basamentos de esta decisión.

NOTIFÍQUESE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado

1 Folio 18-19, archivo «ac06cf54-9787-4aeb-bf89-2b91893cb2eb», pdf. Demanda. Expediente digital

2 Folio 19, ibídem.

3 Folio 1, archivo “7a57f6cb-5649-463b-a882-48b473c855aa”.pdf. Expediente digital.

4 Folio 1, archivo “cacc33eb-a997-4e64-9a6d-390f19a1b854”.pdf. Expediente digital.

5 Folio 3, Archivo «b5ad3e0b-02f3-4307-b328-2ae215f073b3».pdf. Expediente digital