Document LTM23,941,564

Jurisprudence

Title: Concepto C-644 de 2021 | ADICIÓN PRÓRROGA Y RENOVACIÓN - ADICIÓN - OBLIGACIONES DINERARIAS | Diferencia - Concepto - Distintos supuestos - Prohibición de adicionar en más del 50% - Valor nominal
Fields: Público
Date: 18/11/2021
Number: C-644
Origin: Colombia Compra Eficiente
Type of Resolution: Concepto
Country: Colombia



THEME

Descriptor
ADICIÓN PRÓRROGA Y RENOVACIÓN - ADICIÓN - OBLIGACIONES DINERARIAS
Restrictor
Diferencia - Concepto - Distintos supuestos - Prohibición de adicionar en más del 50% - Valor nominal

TEXT



CCE-DES-FM-17

ADICIÓN, PRÓRROGA Y RENOVACIÓN - Diferencias

[...] como los estatutos contractuales no establecen una diferencia clara entre los conceptos propuestos, es necesario recurrir a otras disposiciones y aportes doctrinarios para distinguirlos. Como distinción inicial, se tiene que el concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación ―ampliación― del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente; y la renovación con el nacimiento de un nuevo contrato, en condiciones similares o idénticas al contrato inicial.

Estas distinciones guardan relación con el uso común de los conceptos, es decir, no reducido a su significación jurídica. En efecto, el Diccionario de la Lengua Española ―DLE― define la prórroga como: «1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado. 2. f. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo». Como se observa, la definición indica que la prórroga está asociada a los plazos, lo que implica extender los efectos de algo por un tiempo mayor. Ahora bien, en relación con la adición, el DLE señala que consiste en la acción y efecto de añadir, definiendo añadir como: «1. tr. Agregar, incorporar algo a otra cosa. 2. tr. Aumentar, acrecentar, ampliar». Como se observa, la adición en relación con los contratos implicaría incorporar nuevas obligaciones, lo que en los contratos estatales aparejaría un incremento en la contraprestación, es decir, en el precio. Finalmente, el diccionario indica que la renovación consiste en: «1. tr. Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado 2. tr. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido (...) 4. tr. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase». Como se observa, la renovación consiste en hacer algo de nuevo, de manera que, en principio consistiría en la celebración de un nuevo contrato en condiciones idénticas o similares a un contrato anterior.

ADICIÓN - Concepto - Distintos supuestos - Prohibición de adicionar en más del 50%

[...] durante la fase de ejecución del contrato las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) La necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems o actividades inicialmente previstos y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial. Sin perjuicio de la distinción anterior, lo importante es que frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». De manera que aunque es posible celebrar los tipos de acuerdos indicados, siempre se debe observar esta última disposición

ADICIÓN - Prohibición - Monto - Cálculo - Parágrafo artículo 40 - Ley 80 de 1993

Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Ahora bien, teniendo en cuenta que la peticionaria solicita se aclare como debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales».

En consecuencia, al momento de hacer la adición se debe tener en cuenta que el cálculo del límite debe hacerse en salarios mínimos para efectos de que el cálculo del tope sea preciso. De manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV- al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, pues las modificaciones podrían hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.

OBLIGACIONES DINERARIAS - valor nominal - indexación

Las obligaciones pecuniarias son obligaciones de dar que generan la prestación concreta de pagar una precisa cantidad de dinero en cabeza del deudor, que es el esquema usual en los contratos del Estado, en los cuales las entidades estatales se comprometen a pagar sumas de dinero como contraprestación por las obligaciones que asume el contratista. De esta manera, el dinero es una unidad de valor con función de medición económica de bienes o servicios y de cambio de éstos, que fija un valor abstracto de las cosas y sirve para su intercambio . Así, cuando se paga una obligación dineraria, esto es, en palabras del Código Civil , cuando se realiza la prestación de lo que se debe, se tiene que pagar en la moneda con poder liberatorio, curso legal y forzozo y de forma completa, esto es, en la cantidad definida por el título que sirve de fuente de la obligación , que no es otro que el contrato o la adición que celebren las partes, que también sería un contrato.

En consecuencia, por regla general, en tratándose del pacto de obligaciones dinerarias en los contratos, puede decirse que rige el valor nominal de las mismas, es decir, que el deudor quedará obligado a pagar la suma cierta y concreta estipulada en el contrato -o la adición- y, a su turno, el acreedor satisfacerá su derecho crediticio con el poder liberatorio al deudor, cuando reciba la misma suma cierta y concreta pactada en el acuerdo de voluntades.

Sin perjuicio de lo anterior, existe el riesgo de que entre el momento en que se celebra el contrato y el momento del pago de la obligación dineraria, por causas económicas externas, el dinero sufra una disminución del poder adquisitivo, por lo que su valor económico real decrece. Para contrarrestar los efectos de esta situación, es posible acudir a métodos de actualización o indexación del dinero, de acuerdo con lo que se pacte en el contrato, en los cuales es posible pactar cláusulas de reajuste o de actualización de precios.

Bogotá, 18 Noviembre 2021

Señora

Mary Nataly Cuevas Martínez

Tunja, Boyacá

Concepto C ─ 644 de 2021

Temas: ADICIÓN, PRÓRROGA Y RENOVACIÓN ― Diferencias / ADICIÓN ― Concepto ― Distintos supuestos ― Prohibición de adicionar en más del 50% / ADICION - Prohibición - Monto - Contenido - Cálculo del monto - Ley 80 - artículo 40 parágrafo / OBLIGACIONES DINERARIAS - valor nominal - indexación
Radicación: Respuesta a consulta P20211005009140


Estimada señora Cuevas,

La Agencia Nacional de Contratación Pública ― Colombia Compra Eficiente, en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 8 del artículo 11 y el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, responde su consulta del 5 de octubre del 2021.

  1. Problemas planteados

La peticionaria formuló las siguientes preguntas sobre la adición de contratos estatales: «1. La adición de los contratos cuando se hace en salarios mínimos, son los salarios de la fecha de celebración del contrato o de la fecha de la adición? Es decir si se celebra un contrato en 2019, y se adiciona en 2021, se hace con salarios de 2021?»; «2. Se aplica la adición indexada. Es decir en los contratos del estado las obligaciones en dinero se consagran en función del valor nominal o en función del valor económico?» «3. Que aplicación tiene la regla señalada en el artículo 2224 del código civil en cuanto a obligaciones en dinero en función a su valor nominal?».

  1. Consideraciones



La Agencia Nacional de Contratación Pública ― Colombia Compra Eficiente, en los conceptos con radicado Nos. 4201912000007298 de 23 de octubre de 2019, 4201913000006294 del 16 de septiembre de 2019, C-062 del 25 de marzo de 2020, C-318 del 25 de mayo de 2020, C-560 del 24 de agosto de 2020, C-628 del 23 de septiembre del 2020 y C-073 de 16 de marzo de 2021 estudió temas relacionados con la adición de los contratos estatales. La tesis expuesta en estos conceptos se reitera a continuación.

Previo al análisis de la adición de los contratos estatales, se estudiarán otras figuras tendientes a la modificación de los contratos. En primer lugar, se explicarán las diferencias entre adición, prórroga y renovación, y en segundo lugar, se realizarán algunas consideraciones sobre la adición y se explicará cómo debe aplicarse la regla del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 sobre la limitación a la posibilidad de adicionar los contratos estatales.

2.1. Diferencias entre prórroga, adición y renovación de los contratos estatales

La confusión entre estos conceptos se debe al uso indistinto o impreciso realizado por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. De esta manera, el artículo 45 del derogado Decreto 150 de 1976 1, al ocuparse de los contratos adicionales, estableció que las adiciones podían efectuarse en relación con el valor o el plazo, de manera que se desarrolló bajo un mismo concepto la posibilidad de modificar el valor o el plazo de los contratos mediante la celebración de adiciones.

El derogado Decreto Ley 222 de 1983 conservó la estructura de la norma anterior, al señalar, en el inciso primero del artículo 58, que: « Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal. Las relacionadas con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías [...]» 2. De esta manera, pese a que esta disposición en algunos de sus incisos utiliza el concepto prórroga, no contiene una distinción clara entre las adiciones y las prórrogas, en vista de que mediante las adiciones puede modificarse tanto el plazo como el valor de los contratos, para dichos eventos el artículo indicado señaló que debía suscribirse un «contrato adicional».

La Ley 80 de 1993 no se refirió en términos generales a la posibilidad de modificar el plazo de los contratos estatales o a la fijación de límites o condiciones de procedencia, como se hizo en los anteriores estatutos de contratación, aunque dicha posibilidad se desprendería de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual «En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes [...]». No obstante, en el inciso segundo del parágrafo del mismo artículo estableció límites a la adición de los contratos estatales, indicando que «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales» 3.

Ahora bien, como los estatutos contractuales no establecen una diferencia clara entre los conceptos propuestos, es necesario recurrir a otras disposiciones y aportes doctrinarios para distinguirlos. Como distinción inicial, se tiene que el concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación ―ampliación― del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente; y la renovación con el nacimiento de un nuevo contrato, en condiciones similares o idénticas al contrato inicial.

Estas distinciones guardan relación con el uso común de los conceptos, es decir, no reducido a su significación jurídica. En efecto, el Diccionario de la Lengua Española ―DLE― define la prórroga como: «1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado. 2. f. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo». Como se observa, la definición indica que la prórroga está asociada a los plazos, lo que implica extender los efectos de algo por un tiempo mayor. Ahora bien, en relación con la adición, el DLE señala que consiste en la acción y efecto de añadir, definiendo añadir como: «1. tr. Agregar, incorporar algo a otra cosa. 2. tr. Aumentar, acrecentar, ampliar». Como se observa, la adición en relación con los contratos implicaría incorporar nuevas obligaciones, lo que en los contratos estatales aparejaría un incremento en la contraprestación, es decir, en el precio. Finalmente, el diccionario indica que la renovación consiste en: «1. tr. Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado 2. tr. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido (...) 4. tr. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma clase». Como se observa, la renovación consiste en hacer algo de nuevo, de manera que, en principio consistiría en la celebración de un nuevo contrato en condiciones idénticas o similares a un contrato anterior.

Algunos doctrinantes en materia de contratación estatal se han esforzado en señalar las diferencias entre los conceptos de adición y prórroga, que son comúnmente utilizados en estos contratos; no así en relación con el concepto de renovación, cuya diferencia con la prórroga es desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina del derecho privado, en vista de que aquel concepto es propio de los contratos de arrendamiento. En relación con el particular, han concluido que la prórroga consiste en extender los efectos de un contrato por un término mayor, es decir, prorrogar el mismo contrato, mientras que la renovación consiste en la celebración de un nuevo contrato, al indicar que «el renovado es uno nuevo». En efecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de octubre de 1997, exp. 4.818, indicó:

El derecho a la renovación del contrato para el  comerciante que haya ocupado el inmueble con un mismo establecimiento mercantil por lapso no inferior a dos años consecutivos, derecho este respecto del cual, precisó la Corte en sentencia de su sala Plena proferida el 20 de noviembre de 1971, que no ha de confundirse con la prórroga del contrato, pues el renovado es uno nuevo, que puede acordarse o celebrarse con sujeción a las circunstancias especialmente en cuanto a precio y utilización de la cosa arrendada4. (Cursiva fuera de texto)

Establecidas las líneas de distinción entre la prórroga y la renovación, es necesario hacer lo propio entre aquel y la adición. Como se indicó, este tema ha tenido gran relevancia en los contratos estatales, pese a que suelen utilizarse indistintamente, para referirse a diferentes modificaciones del contrato estatal. La doctrina sintetiza dicha distinción al indicar que:

[...] la norma lo que autoriza es la prórroga del contrato de interventoría, cuando simplemente debió decir adición, porque en sentido jurídico-técnico aquella supone la reproducción de las obligaciones del contrato inicial para un nuevo plazo ―como acontece con el contrato de arrendamiento o el laboral―, mientras que la adición supone agregar obligaciones al contrato principal ―de las mismas pactadas o de otras distintas―, con o sin un nuevo plazo para su ejecución 5.

De esta manera, la adición, al estar relacionada con agregar obligaciones al contrato principal, y dado el carácter oneroso de los contratos estatales, posiblemente implica un aumento del valor del contrato y, como se señala en la cita, puede traer como consecuencia que se incremente el plazo del contrato ―esto se debe a que esas obligaciones pueden necesitar un término adicional para ejecutarse―, pero no es necesario que ello ocurra, lo que dependerá del caso concreto. Ahora bien, la prórroga tiene una relación directa con el incremento del plazo del contrato, extendiendo los efectos de aquel por un término diferente.

En sentido similar a lo expuesto, la doctrina ha vinculado la prórroga con el incremento del plazo y señala que no necesariamente implica un aumento en el valor del contrato, aunque podría hacerlo. Al respecto afirma: «[...] por medio de la prórroga el plazo de cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato se desplaza en el tiempo. Per se no implica aumento de valor ya que el objeto contratado no se altera. Cosa diferente es que el aumento del plazo por razones no imputables al contratista en muchas ocasiones genera un mayor costo que debe ser reconocido, siendo, entonces, el mayor plazo la causa del mayor valor. Este deberá ser aceptado para mantener a salvo la ecuación financiera del contrato» 6. Una vez analizadas las figuras anteriores, se profundizará en el estudio de la adición de los contratos estatales, haciendo especial énfasis en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

2.2. Adición de los contratos estatales

La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los avatares propios del paso del tiempo. Así, durante la planeación de estos la Administración se enfrentan a la ardua tarea de estimar y determinar las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo. No obstante, en muchas ocasiones, durante la fase de ejecución del contrato las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) La necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems o actividades inicialmente previstos y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial. Sin perjuicio de la distinción anterior, lo importante es que frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». De manera que aunque es posible celebrar los tipos de acuerdos indicados, siempre se debe observar esta última disposición 7.

Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Ahora bien, teniendo en cuenta que la peticionaria solicita se aclare como debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales».

En consecuencia, al momento de hacer la adición se debe tener en cuenta que el cálculo del límite debe hacerse en salarios mínimos para efectos de que el cálculo del tope sea preciso. De manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV- al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, pues las modificaciones podrían hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.

El razonamiento anterior se fundamenta en la forma como la Ley 80 de 1993 estableció el tope para las adiciones, acudiendo a una forma de actualización del valor, de acuerdo con los incrementos que tenga el salario mínimo, lo que resulta especialmente relevante en contratos de larga duración. En consecuencia, y según lo planteado en la consulta formulada, se considera que debido a que cuando el legislador fijó ese límite de la adición de los contratos estatales acudiendo al concepto o, si se quiere, a la fórmula de los SMLMV quedó prevista intrínsecamente una actualización del valor del dinero, en aras de corregir su depreciación, para efectos de establecer el tope por el cual se puede incrementar el valor de los contratos estatales.

De otro lado, en relación con los pactos que pueden realizar las partes al celebrar contratos estatales o acordar adiciones, es pertinente señalar que las obligaciones pecuniarias son obligaciones de dar que generan la prestación concreta de pagar una precisa cantidad de dinero en cabeza del deudor, que es el esquema usual en los contratos del Estado, en los cuales las entidades estatales se comprometen a pagar sumas de dinero como contraprestación por las obligaciones que asume el contratista. De esta manera, el dinero es una unidad de valor con función de medición económica de bienes o servicios y de cambio de éstos, que fija un valor abstracto de las cosas y sirve para su intercambio 8. Así, cuando se paga una obligación dineraria, esto es, en palabras del Código Civil 9, cuando se realiza la prestación de lo que se debe, se tiene que pagar en la moneda con poder liberatorio, curso legal y forzozo y de forma completa, esto es, en la cantidad definida por el título que sirve de fuente de la obligación 10, que no es otro que el contrato o la adición que celebren las partes, que también sería un contrato.

En consecuencia, por regla general, en tratándose del pacto de obligaciones dinerarias en los contratos, puede decirse que rige el valor nominal de las mismas, es decir, que el deudor quedará obligado a pagar la suma cierta y concreta estipulada en el contrato -o la adición- y, a su turno, el acreedor satisfacerá su derecho crediticio con el poder liberatorio al deudor, cuando reciba la misma suma cierta y concreta pactada en el acuerdo de voluntades.

Sin perjuicio de lo anterior, existe el riesgo de que entre el momento en que se celebra el contrato y el momento del pago de la obligación dineraria, por causas económicas externas, el dinero sufra una disminución del poder adquisitivo, por lo que su valor económico real decrece. Para contrarrestar los efectos de esta situación, es posible acudir a métodos de actualización o indexación del dinero, de acuerdo con lo que se pacte en el contrato, en los cuales es posible pactar cláusulas de reajuste o de actualización de precios 11. Es así como, por ejemplo, el numeral 8 del artículo 4 y en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, permite que las partes de un contrato estatal puedan prever fórmulas de reajuste financiero del mismo, las cuales pueden ser utilizadas para mitigar el riesgo de la desvalorización del dinero en casos concretos. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan, al momento de celebrar una adición, realizar los pactos que consideren convenientes, estableciendo acuerdos en relación con la contraprestación que pagará la entidad estatal.

De otro lado, en relación con la pregunta de la peticionaria relacionada con la eventual aplicación del artículo 2224 del Código Civil 12 en la adición del contrato estatal, se considera que, aun cuando las normas civiles y comerciales relativas a las obligaciones y los contratos complementan el régimen del contrato estatal, dicha norma per se no guarda relación con la adición de los contratos estatales, toda vez que, dicha disposición hace referencia al régimen específico del contrato típico de mutuo, establecido en los artículos 2221 y siguientes del Código Civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece el tope por el cual se pueden adicionar los contratos estatales. Sin embargo, serán las partes del contrato quienes, al celebrar la adición, pactarán la contraprestación correspondiente de la entidad estatal frente a las obligaciones que asume el contratista, sin que opere per se alguna forma de indexación o actualización de precios, sino que serán las partes las que acordarán dichas modificaciones en caso de considerarlas procedentes.

3. Respuesta

«1. La adición de los contratos cuando se hace en salarios mínimos, son los salarios de la fecha de celebración del contrato o de la fecha de la adición? Es decir si se celebra un contrato en 2019, y se adiciona en 2021, se hace con salarios de 2021?»

«2. Se aplica la adición indexada. Es decir en los contratos del estado las obligaciones en dinero se consagran en función del valor nominal o en función del valor económico?»

«3. Que aplicación tiene la regla señalada en el artículo 2224 del código civil en cuanto a obligaciones en dinero en función a su valor nominal?».

Para realizar el cálculo para la adición de un contrato sin exceder el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, se recomienda realizar lo siguiente: i) dividir el valor inicial del contrato por el salario mínimo vigente al momento de su suscripción, este cálculo sirve para determinar el valor del contrato en SMLMV; ii) una vez se obtenga este valor se debe dividir en dos, de manera que el cociente de esa división constituye el valor máximo por el que se puede adicionar el contrato expresado en SMLMV.

De esta manera, cada vez que se quiera realizar una adición, se debe pasar el monto de pesos al valor de SMLMV del momento en que se realice la adición, descontando estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, con el fin de no superar el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta lo anterior, y las consideraciones de este concepto, se concluye que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece el tope por el cual se pueden adicionar los contratos estatales. Sin embargo, serán las partes la cuales al celebrar la adición pactarán la contraprestación correspondiente de la entidad estatal frente a las obligaciones que asume el contratista, sin que opere per se alguna forma de indexación o actualización de precios, sino que serán las partes las que acordarán dichas modificaciones en caso de considerarlas procedentes.

Finalmente, en relación con la pregunta de la peticionaria relacionada con la eventual aplicación del artículo 2224 del Código Civil 13 en la adición del contrato estatal, se considera que, aun cuando las normas civiles y comerciales relativas a las obligaciones y los contratos complementan el régimen del contrato estatal, dicha norma per se no guarda relación con la adición de los contratos estatales, toda vez que, dicha disposición hace referencia al régimen específico del contrato típico de mutuo, establecido en los artículos 2221 y siguientes del Código Civil.

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Atentamente,



Elaboró: Felipe Bastidas Paredes

Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual
Revisó: Sebastián Ramírez Grisales

Gestor T1-15 de la Subdirección de Gestión Contractual
Aprobó: Jorge Augusto Tirado Navarro

Subdirector de Gestión Contractual


1 «Art. 45. De los contratos adicionales. Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenidos, y no se trate de reajuste de precios previstos en este estatuto, la entidad interesada suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada más los reajustes que se hubieren efectuado. Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas con la firma del jefe de la entidad contratante, previo registro presupuestal, adición y prórroga de las garantías otorgadas y pago de los impuestos correspondientes. Las relacionadas con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías».

2 «Artículo 58. De los contratos adicionales. Salvo lo dispuesto en el título IV, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional. 

»Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal. Las relaciones con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías. 

   »Serán requisitos para que pueda iniciarse la ejecución del contrato, la adición y prórroga de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes. 

   »Los contratos de interventoría, administración delegada, y consultoría previstos en este estatuto, podrán adicionarse sin el límite fijado en el presente artículo. 

   »Las adiciones deberán publicarse en el Diario oficial. 

   »En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas. 

   »Parágrafo. Los contratos de empréstito distintos a los créditos de proveedores, no se someterán a lo dispuesto en este artículo».

3 Lo anterior sin desconocer: i) que la Ley 80 de 1993 en el artículo 36 y 37 estableció la posibilidad de prorrogar el término de duración de las concesiones para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, al igual que en relación con la concesión de servicios postales; y ii) dicha ley utiliza en varios lugares el concepto prórroga como la posibilidad de ampliar ciertos plazos, referidos a determinadas etapas de la etapa precontractual -arts. 30.4, 30.5 y 30.9-.

4 En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. En Sentencia del 30 de agosto de 2011, M.P. William Namén Vargas. Rad. 1999-01957: «La renovación no se confunde con la prórroga del contrato, 'el renovado es uno nuevo' (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 20 de noviembre de 1971, CXXXVIII, 482 y ss; cas. civ. sentencias de 24 de septiembre de 1985 CLXXX, 431; 31 de octubre de 1994, exp. 3868; 7 de julio de 1998, rad. 10825; 8 de octubre de 1997, exp. 4818; 27 de julio de 2001, exp. 5860; 24 de septiembre de 2001, exp. 5876, 14 de abril de 2008, 2001 00082 01), y el prorrogado el mismo. La prórroga mantiene idéntico el contrato, no se presenta más sino por acuerdo anterior al vencimiento del plazo y lo continúa en las condiciones primarias por un período igual (artículos 218 [1], 520, 829, 1425 ["prorrogado por un período igual"], 1510, 1685, 1686, 1712, 1891C. de Co)». (corchetes y paréntesis propios del original).

5 MARÍN CORTÉS, Fabián G. El precio. Serie: Las Cláusulas del Contrato Estatal. Medellín: Librería jurídica Sánchez y Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―, 2012. p. 227 y 228

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6 DÁVILA VINUEZA. Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 2ª ed. Bogotá: Legis, 2003.

7 Lo anterior, sin perjuicio de lo prescrito por la Ley 1474 de 2011, que en su artículo 85, en relación con los contratos de interventoría, excepciona la aplicación de la restricción analizada, de manera que podrán adicionarse sin importar su monto: «Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993».

8 NAMEN VARGAS, William. Obligaciones pecunarias y corrección monetaria. Revista de Derecho Privado, N°3,. U. Externado de Colombia. Bogotá, enero/junio 1998. p.40

9 «Artículo 1626. [DEFINICIÓN DE PAGO]. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe».

10 «Artículo 1627. [PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACION]. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.

»El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida».

11 Por ejemplo, el artículo 25, numeral 13 de la Ley 80 de 1993 utiliza algunos de estos conceptos al señalar que: «Artículo 25. Del principio de economía: En virtud de este principio: 

»13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios». 

12 «Artículo 2224. [PRÉSTAMO DE DINERO]. Si se ha prestado dinero, sólo se debe la suma numérica enunciada en el contrato.

»Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda; pero el mutuante no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta el límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaren.

»Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención contraria».

13 «Artículo 2224. [PRÉSTAMO DE DINERO]. Si se ha prestado dinero, sólo se debe la suma numérica enunciada en el contrato.

»Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda; pero el mutuante no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta el límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaren.

»Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención contraria».

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